LEY DE PLAZOS JUSTOS

La Ley 2024 del 2020 entró en vigencia a partir del presente año; dicha norma tiene por propósito establecer un plazo máximo obligatorio para el pago de las facturas de venta por productos o servicios.

El término legal que confiere la referida Ley es de 45 días (60 días durante el primer año de vigencia) para el pago de las obligaciones comerciales de las empresas a los proveedores que sean considerados empresas medianas o pequeñas (Pymes).

Este plazo no podrá ser ampliado por voluntad de las partes, pues se establece en la ley que sus disposiciones tienen carácter imperativo y que el pacto en contrario resulta ineficaz de pleno derecho. 

El incumplimiento del plazo acarrea para el deudor la obligación de pagar –en adición al importe de la factura y a título de indemnización-, los costos de cobranza y los intereses de mora a que haya lugar. Para el efecto, los documentos de soporte prestarán mérito ejecutivo.

La ley busca controlar la práctica abusiva de algunas empresas de gran tamaño de pagar a sus proveedores con más de 90 días de retraso, lo que los obliga a financiarse por otros medios y ello afecta la libre competencia, pues aumenta las barreras de entrada y constituye un posible abuso de la posición dominante.

Si bien la tesis de una posible afectación a la competencia podría ser válida teóricamente, el problema es que el legislador no se basó en un estudio serio e independiente que midiera el impacto en los mercados y que simulara los demás beneficios de la ley al restringir la autonomía de la voluntad respecto de un aspecto esencial del contrato comercial, como es el plazo.

Lo reglado constituye una intervención profunda del Estado en la economía, lo cual solo podría entenderse aceptable si se demuestra de antemano que dicha medida es necesaria para satisfacer un interés superior y que no existe un mecanismo menos invasivo para lograr el efecto esperado.

Adicionalmente, antes de experimentar por ese camino, el legislador tendría que haberse asegurado, con sustento en los estudios de impacto en mención, que la medida no produciría un efecto búmeran, que desincentivara la contratación de Pymes y que generara un aumento en la preferencia por los productos importados o producidos por grandes empresas; pues para este tipo de empresas no aplica la normativa.

Al final de cuentas, más que establecer prohibiciones forzadas –que siempre pueden ser eludidas-, el verdadero remedio está en la profundización de la competencia, la reducción de los niveles de concentración, y el aumento de la capacidad del Estado para descubrir y frenar conductas de abuso de posición de dominio.

Esta norma fue objeto de reglamentación el pasado 23 de diciembre de 2020 por parte del Ministerio de Comercio a través del Decreto 1733 de 2020, el cual atendió los siguientes aspectos:

La medida más relevante del Decreto consiste en la fijación del cómputo del término para el pago en plazos justos, el cual dispone que en el evento en el que un adquiriente reciba factura de venta a través de medios electrónicos, las obligaciones deberán ser pagadas conforme a los siguientes plazos:

  1. 60 días calendario contados a partir del momento de la recepción de la factura, para las facturas recibidas entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021
  2. 45 días calendario contados a partir del momento de la recepción de la factura, para las facturas recibidas a partir del 1 de enero de 2022
  3. 60 días calendario contados a partir del momento de la recepción de la factura, para aquellas operaciones comerciales realizadas dentro del marco del Sistema General de Seguridad Social en Salud, a partir del 1 de enero de 2023
  4. Adicionalmente, el Decreto señaló que el término de la obligación de pago en plazos justos también podrá iniciar con la entrega de mercancías o con la prestación efectiva del servicio, en los siguientes eventos:
    i) cuando la factura no sea recibida por el adquiriente a través de medios electrónicos o
    ii) cuando el vendedor no esté obligado a expedir factura de venta.
 
Si bien la Ley 2024 de 2020 estableció que, salvo tres excepciones puntuales, la obligación de pago en plazos justos aplicaba para todos los pagos causados como contraprestación en los actos mercantiles que hayan sido efectuados por comerciantes o por personas que sin tener esa calidad ejerzan operaciones mercantiles, el Decreto amplió las tres exclusiones previstas en la Ley 2024, excluyendo también las siguientes operaciones del ámbito de aplicación de la mencionada Ley:
 
  1. Los pagos causados como contraprestación en los actos no mercantiles considerados como tal en el Código de Comercio.
  2. Las obligaciones nacidas con ocasión de actos y contratos sujetos a las Leyes 1328 de 2009 (mercado de valores) y 1480 de 2011 (estatuto de protección al consumidor), y sus negocios jurídicos accesorios.
  3. Las obligaciones que surjan en virtud de operaciones mercantiles realizadas entre sociedades consideradas como grandes empresas.
  4. Las obligaciones contenidas en títulos valores, salvo las facturas de venta.
  5. Los pagos correspondientes a indemnizaciones de daños.
  6. Los pagos derivados de la ejecución de contratos de seguro.
  7. Las obligaciones derivadas de los contratos de mutuo y otros contratos típicos o atípicos.

Equipo de Abogados InLegis
Liliana Gómez Cuartas
Natalia Gómez Ruiz
Leonardo Gómez Cuartas

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